"Buscamos implementar programas que incorporen la capacidad de construir de la familia, y no la exigencia de ahorro previo o hacerse cargo de una cuota que era la única forma que teníamos de brindar atención", explicó la ministra Graciela Muslera.
¿Cuáles son los principales programas para acceder a vivienda que está manejando actualmente el Ministerio?
En julio hicimos el lanzamiento de la batería de nuevos programas, que se suman a los gestionados en el quinqenio pasado. La política de garantía de alquileres, con fuerte hincapié en los jóvenes, el nuevo programa de cooperativas, que se suma al gestionado desde 2008, que propone un producto vivienda donde los temas en innovación en tecnología y mejora de gestión son claves y el programa de autoconstrucción en terreno propio, que se suma al programa de cooperativas tradicional y al programa de construcción de vivienda para créditos.
Hay continuidad y nuevos productos. El tema era como fortalecíamos los viejos programas y a los nuevos le dábamos la capacidad de ser operados en todo el país. Tenemos como punto de partida, a duras penas, capacidades de gestión de la política de vivienda metropolitana y pasamos a diseñar programas que implican la presencia cercana del Ministerio a los grupos que se deciden a meterse con la autoconstrucción o las cooperativas.
Exige un fortalecimiento de la gestión en todo el territorio nacional, hay un salto que impllica su diseño, renovación de recursos humanos, procesos que se dan en paralelo al diseño del programa.
¿Cuál es la problemática real de vivienda que tiene el país?
No lo sabemos. El censo es de 1996. Lo único que tenemos son Encuestas Continuas de Hogares, que toman un universo pequeño de entrevistados. Además, el último censo fue precedido de la crisis de 2002, que dejó al sistema público de vivienda patas arriba. Crisis en cuanto a puestos de trabajo y desocupación que desarraigó a la gente y la llevó a la informalidad, pasó un cataclismo entre ese censo y la situación actual.
Estábamos en una situación en que la necesidad de vivienda era una demanda latante pero no explosiva, porque había una inmigración que equilibraba las necesidades, además de la corrida hacia la informalidad, los asentamientos irregulares.
Ahora estamos con una desocupación estructural, hay mejores ingresos y la gente comienza a proyectarse hacia una vivienda. Están volviendo cerca de 400 familias por mes, es la situación inversa.
En el '96 se marcó la necesidad de 65 mil viviendas nuevas y de que tres cuartas partes del stock construido necesitaba mejoras, ampliaciones o modificaciones porque no brindaban la calidad necesaria para vivienda.
¿Cuántas viviendas se necesitan construir?
Creo que las 65 mil es un número real, tomando en cuenta los aportes de los sucesivos planes de vivienda, el crecimiento casi estanco de la población y una modificación de la constitución de la familia, porque cada vez son mayores los nucleos familiares con menos integrantes.
Nosotros tenemos que acentuar la política para frenar la caída de la informalidad, que es lo que más nos cuesta revertir como sociedad, porque se rompen los vínculos heterogéneos de los barrios, cada vez la ciudad se vacía más, hay cinturones de pobreza y barrios vacíos. Hay que revertir ese proceso en el área metropolitana, porque si no actuamos se genera un mercado informal de tenencia y manejo de los servicios asociados a las viviendas.
¿Se está poniendo énfasis en revertir esa informalidad?
Si. Definimos líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con la relocalización a nivel nacional de los asentamientos que están en zonas inundables o contaminadas. Otra línea de trabajo es un segundo llamado desde el PIAI para regularización de asentamientos.
Por el lado del PIAI se están invirtiendo 100 millones de dólares, que se suman a los 50 millones previstos del lado del Ministerio para este quinquenio.
¿Con esa inversión se paliaría el problema?
Daría como resultado que casi el 65% de los asentamientos regularizables, los que generan la construcción de calles y tendido de saneamiento, quedarían regularizados. Estaríamos impactando fuerte en el universo de lo regularizable.
Los asentamientos regularizables son aquellos cuya tierra es pública y están insertos de tal forma que tiene una relación con la ciudad que se puede extender la trama urbana y lograr la integración.
No se actúa cuando el terreno es privado, inundable, está contaminado o cuando para abrir las calles se necesita alojar un porcentaje de las viviendas alojadas. Estos son el 52% de los asentamientos.
¿Qué se va a hacer con ellos?
Está actuando el plan de relocalización del Ministerio. Estamos tratando de impactar en donde no ha habido ningún apoyo del Estado. Planteamos una política de realojo total. El programa plantea lograr 2.400 realojos en este período.
Estamos abriendo la postuación de los asentamientos, que se hace a partir de una propuesta de las intendencias para el programa PIAI y el programa relocalizaciones. En realojo ya comenzamos, tenemos cinco barrios en proceso.
Estamos estudiando la forma de comenzar a trabajar en los asentamientos que quedan a nivel urbano conectados a la ciudad, con programas de mejora a la vivienda. Un programa que va familia a familia. Eso implica tener capacidades de gestión con la población, que es lo que tenemos que dejar instalado en este período, esa forma de hacer de la polítitca de vivienda, que pueda acompañar a todos los sectores en el proceso de obtención o construcción de su vivienda. Eso implica apartarnos de tener solo una batería de programas centrales. Buscamos implementar programas que incorporen la capacidad de construir de la familia, y no la exigencia de ahorro previo o hacerse cargo de una cuota que era la única forma que teníamos de brindar atención.
¿Se refiere al plan de autoconstrucción y al de cooperativas?
Si. Están dirigidos a sectores que tienen entre 0 y 60 UR de ingresos, unos 35 mil pesos. Se acabaron los programas para pobres. Todos tienen obligación de devolver, pero no es igual para todos, ahí se contempla la situación de cada familia y sus gastos. Apoyamos con un subsidio lo que la familia no puede aportar, que va desde nada, para los que pueden asumir la financiación, hasta un subsidio total para el caso de las familias que solo pueden aportar su trabajo. Siempre hay algo de exigencia que es el trabajo en la construcción.
El programa de autoconstrucción implica un préstamo de hasta 24 mil dólares (1.100 UR) que se hace fraccionado, a medida que se cumplen etapas de la construcción se asegura la financiación de la segunda etapa, con condiciones en cuanto a que tiene que construir de acuerdo a un plan económico de la intendencia. Las exigencias de leyes sociales y la regularización de la construcción están resueltos, tiene el acompañamiento de un arquitecto, un asistencia social, un capataz y la posibilidad de que el 15% del préstamo se destine a contratar un oficial sanitario o eléctrico. La familia aporta mano de obra y tiene instancias de capacitación para asumir las etapas de construcción que las brinda este equipo mencionado.
Aparte estamos buscando la forma de que los que hacen autoconstrucción aprendan y sean certificados, para que una vez culminada la obra puedan buscar mejor trabajo.
La vivienda puede ser en terreno propio o con permiso de construcción de un familiar hasta de segundo grado de consanguineidad. El plan ha tenido mucha respuesta entre jóvenes.
¿Qué impacto en viviendas va a tener este programa?
Este semestre estamos abriendo 400 préstamos y el año que viene saltamos a 700. Es un programa que llega hasta 1.300 en 2013.
¿Cómo se accede al programa?
Estamos cerrando el llamado de este semestre. Abrimos en ocho departamentos, hay 40 préstamos por departamento. Si hay más anotados se sortea. Además estamos licitando la construcción de pequeños almacenes en donde concentraremos la maquinaria y las herramientas para que las familias no tengan necesidad de comprarlas. También será un lugar de consulta, proque ahí se va a concentrar equipo técnico.
¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa?
A los requisitos se accede en los locales del Ministerio, ahí está toda la información.
También está el programa de cooperativas...
Si. Está vinculada a la búsqueda de innovación en las tecnologías.
Nosotros, tradicionalemnte construimos en hormigón armado y ladrillo. Es muy difícil para el que no sabe construir apropiarse de esas técnicas. Así que abrimos una línea de trabajo con un sistema de certificación de tecnologías alternativas, como la construcción en madera, en barro y otros mecanismos de prefabricación.
¿Cómo funciona el sistema de certificación?
Por el sistema de certificación se analiza, verificamos que el producto sea de calidad, similar al tradicional, laudamos que es apto y se expide un documento de aptitud para permitir que una cooperativa pueda presentar un proyecto que se base en otras tecnologías que no sea la tradicional.
En este semestre habilitamos la financiación de hasta mil viviendas cooperativas por este sistema. Ya tenemos más de 30 cooperativas inscriptas, que multiplicado por 50 te da unas 1.500 viviendas, que es más de lo que tenemos para financiar.
¿Cómo las van a elegir?
Por sorteo. Esta línea nueva es un préstamo de 1.100 UR (unos 24 mil dólares) y el sistema prevé que si hay que sortear se establezcan cupos por regiones. Sabemos en donde está concentrado el déficit: Montevideo y Canelones. Tenemos definidas cuatro regiones y vamos a establecer un cupo por región. Estamos en el proceso de darle el ok al terreno, luego al anteproyecto, cuando llegás a ese estado estás en condiciones de presentarte al sorteo y luego el período de presentar el proyecto de obra.
¿De qué consta el programa de garantías para alquileres?
Lo que hicimos fue dar más potencia y capacidad de respuesta, siendo concientes que en algunos lugares, por más garantías que pongamos no van a encontrar vivienda, porque no hay stock. En Rivera y Tacuarembó, por ejemplo, no hay viviendas libres, porque no ha habido producción de vivienda pública ni capacidad de impulsar inversión privada en vivienda para sectores medios y bajos de la población.
El programa está dirigido a grupos familiares con ingresos, formales e informales, entre 0 y 100 UR (50 mil pesos). Hasta el 30% de los ingresos se afectan al alquiler, buscando que las familias puedan responder a la obligación que asumen. Hemos integrado los ingresos informales mediante declaración jurada. En el caso de los jóvenes vamos a la mitad de la exigencia que a la familia común y se permite que hasta cinco jóvenes se junten con sus ingresos. Incluso lo que le envían los padres y las becas se consideran ingresos. Se aporta a un fondo, cosa que si hay problemas este responda al que arrienda.
¿Cuál es el mecanismo para que un joven acceda a esta garantía?
Llama al Ministerio, le dan día y hora para atenderlo, hay una evaluación socioeconómica que dura media hora y se extiende la garantía. Con esa garantía busca vivienda y hace el trámite a través de la Contaduría General de la Nación, que es quien responde frente al que arrienda.
Ha funcionado bien, por más que levantamos los criterios duros de no asumir riesgos, la morosidad es mínima. La gente sabe que si falla queda en el registro de beneficiarios como que no tuvo buena respuesta frente a la posibilidad de acceder a otros programas del Ministerio, además la gente valora esta opción de garantía y la cuida porque es difícil emanciparse sin tener un bien o un familiar que salga de respaldo.
¿Cuántas garantías han expedido y a qué número piensan llegar al final del quinquenio?
Estábamos en unas mil en 2009 y 2010 y en este año pretendemos llegar a tres mil garantías. No tenemos límite, porque si el sistema funciona bien, lo que estamos haciendo es hacer un vínculo más sólido. Los costos para el Estado son menores que construir una vivienda nueva, pero si este vínculo se rompe el fondo quiebra, se debe responder.
La política de alquileres para los jóvenes y los adultos mayores permite esa respuesta flexible que se adapta a los vaivenes de las condiciones de vida y una inversión menor del Estado. Lo fundamental es que se cuide y fortalezca el fondo, que va a permitir agregarle más capacidad de respuesta. Hay que hacerlo madurar.
Veníamos de un sistema en donde la gente se metía en lo público para no pagar y la gestión del Estado era nula, la idea es que si alguien falla del fondo haya una entrevista para buscar una alternativa a esa situación.
Publicado en Participando, edición de setiembre de 2011.
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