A partir de Montesquieu, a mediados del siglo XVIII, surgió la teoría clásica de la división de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para garantizar así la libertad de los ciudadanos, por lo tanto este es el génesis del mito que la Justicia para actuar no dependería de poder alguno.
Lo que sí está claro, y queda de manifiesto en el mundo entero, es que la venda que cubre los ojos de la Justicia se corre en forma habitual, la balanza tiene los platos cargados y la espada cae con todas las fuerzas sobre aquellos que son señalados por el índice de los más poderosos.
Ejemplos hay de sobra, pero en los últimos días esta situación se ha plasmado en el caso Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, en donde además, dos antiguos conocidos volvieron a verse las caras unos cuantos años después: la Justicia inglesa y el juez Baltasar Garzón.
Julian Assange es un periodista y activista social, de nacionalidad australiana, que se volvió célebre gracias a su sitio web WikiLeaks, a través del cual publicó millares de documentos clasificados de distintos países del mundo.
WikiLeaks tiene entre sus principios institucionales el recibir y publicar información que desvelen comportamientos que no sean éticos ni ortodoxos de parte de los gobiernos, enfatizando esto en los países que la organización considera como “regímenes totalitarios”, por lo que el resultado de este trabajo ha llevado a que gran parte de los materiales se concentren en la actividad de política exterior de Estados Unidos.
Lógicamente que cuando se rozan los intereses de los poderosos se corren dos riesgos: o ser eliminado directamente por parte de ellos o que sea la Justicia, como poder independiente, la que utilice todo el peso de la ley para destruir. Este parece ser el caso de Julien Assange, premiado en 2009 por los británicos de Amnesty International UK Media Awards, por publicar masacres en Kenia e incluso propuesto por Noruega como candidato al Premio Nobel de la Paz en 2011.
En agosto del 2010 Assange fue acusado de violación por parte de Anna Ardin, mujer vinculada a la oposición del régimen cubano, pero poco después la justicia sueca (en donde residía el acusado) declaró que no existían motivos para sospechar de él.
Unos meses más tarde se ordenó reabrir la investigación por ese mismo caso y por un segundo, por acoso sexual a Sofía Wilen, presuntamente por haberse negado a utilizar un preservativo durante el coito y por “coerción ilegal”, ya que usó “el peso de su cuerpo sobre ella durante una de sus relaciones sexuales”.
Assange huyó de su lugar de residencia y se exilió en Inglaterra, ya que consideró que no tenía las garantías suficientes de la Justicia para ser juzgado en Suecia, país que podría a su vez extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje.
Ante esta situación la Justicia británica autorizó la extradición de Assange solicitada por Suecia para ser juzgado por los delitos de los que es acusado, lo que llevó a que este se asilara en la embajada ecuatoriana y el gobierno inglés instigue y amenace incluso con entrar al territorio diplomático para capturar al periodista y extraditarlo.
Increíblemente el abogado de Assange hoy es Baltasar Garzón, que así ve como se reedita un nuevo diferendo con la Justicia inglesa, hoy defendiendo al activista australiano y antaño solicitando la extradición de Pinochet.
En octubre de 1998 el dictador Augusto Pinochet, desafiando las causas sobre las que él pesaban en el mundo entero, viajó a Londres para intervenirse quirúrgicamente. La oportunidad fue aprovechada por el juez Garzón para solicitar su detención y extradición a España, en donde sería juzgado por los homicidios y torturas de ciudadanos españoles durante su régimen de facto.
La Justicia inglesa, luego de detener al dictador, otorgó la libertad a Pinochet y no dio lugar al pedido del juez Garzón por “razones humanitarias”, ya que consideró que su estado de salud estaba “deteriorado”, por lo que habilitó su regreso a Chile.
Sería difícil de creer que la Justicia inglesa, o cualquier otra, dejara de juzgar a un criminal de guerra nazi de los que persigue la Fundación Wiesenthal por “razones humanitarias” o porque esté deteriorado sanitariamente.
El juez español también liberó un pedido de extradición sobre el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, por su relación con la instauración de las dictaduras en Latinoamérica en la década del 70, aunque todos sabemos cuál es el resultado de esto.
EEUU no permitirá que un funcionario suyo sea juzgado, importando poco la independencia de la Justicia. Es impensable y hasta ridículo imaginar que se prepare una misión que lo capture y lo saque de su territorio para ser juzgado en otro país, tal como se analiza hacer con Assange, que está asilado en suelo ecuatoriano.
Incluso el desparpajo de los poderosos ha llegado a tal punto que ni siquiera se ha montado el circo de un presunto juicio a personajes tales como Saddam Hussein, Muammar Gaddafi o el mismo Osama Bin Laden, sino que fueron sentenciados en forma directa, más allá de si eran responsables o no de las acusaciones y ejecutados fuera de su territorio.
No queda duda alguna que la Justicia golpea con su espada de acuerdo a quién sea su víctima, que la ecuanimidad ha dejado de ser uno de sus postulados y que se le ha corrido la venda de los ojos para observar el poder del acusado antes de liberar su veredicto.
Publicado en el número 5 de Mate Amargo, edición de setiembre de 2012
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