Menos del 1% de la población del INAU es infractora, se trata de unos 750 menores, de los cuales 350 están privados de libertad, para el resto la Justicia dictaminó medidas alternativas porque no constituyen un peligro latente para la sociedad.
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, expresó su "sorpresa" por la "actitud oportunista" del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores. El jerarca explicó las características del nuevo instituto, que estará pronto en menos de un año y detalló los alcances de sus principales programas.
¿Qué población tiene actualmente el INAU?
Estamos en el entorno de 80 mil niños, niñas y adolescentes. Más de 50 mil son menores de 3 años. Numéricamente la atención está puesta en esa población, que es prioridad absoluta para el gobierno y el sistema político, según se acordó en los acuerdos multipartidarios que se realizaron en educación.
¿Cuántos son infractores?
Son unos 750, de los cuales 350 están privados de libertad y el resto con medidas alternativas. Los infractores son menos del 1% de la población total del INAU.
Dentro de los infractores planteamos la necesidad de realizar una modificación en la gestión del sistema, con una forma de abordar el problema apuntando a generar responsabilidad frente a los hechos cometidos. Por eso planteamos la creación del Instituto de Repsonsabilidad Penal Adolescente, a los efectos de tener una gestión real y profesional en el tema a aborda y poder generar una nueva gestión que intente tener en cuenta y combinar una tensión existente entre la seguridad y los aspectos socioeducativos. Estamos a la espera de la resolución del Parlamento.
¿Cuál es su posición sobre la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad?
Nos sorprende el proyecto de reforma constitucional que incluye la rebaja de la edad de imputabilidad, que además incluye la creación de un establecimiento especial para esos adolescentes entre 16 y 18 años. Sorprende porque es el poyecto que presentamos nosotros, que conocen y participaron de la discusión de la comisión. Y fue aprobado.
Se está proponiendo que la ciudadanía se exprese en 2014 para ver si se pone en funcionamiento en el 2015 un planteo que hicimos nosotros para que se ejecute inmediatamente. No logro entender cuál es la idea. Esto genera una cofusión deliberada en la gente. En ese tema en particular había un acuerdo absoluto de los partidos con representación parlamentaria. Por lo tanto puedo decir que en ese punto estoy de acuerdo, pero la diferencia es que nosotros lo queremos hacer ahora. Hay un déficit de comunicación y una actitud oportunista desde el punto de vista político.
Además, lo que proponen no es un instituto, es un inmueble. No dice qué van a hacer, solo construyen un lugar, ¿y? porque la sola construcción de un lugar determinado, que brinde mayores garantías de seguridad, no va a solucionar el problema. Si se apunta solo a que no se fuguen hay que recordar que Alcatraz, Cayena y Sing Sing se tuvieron que cerrar.
¿Se solucionan los problemas de seguridad con la creación del instituto y bajando la edad de imputabilidad?
No. Estos problemas son multicausales. Hay que brindar las condiciones de seguridad adecuadas para cumplir los mandatos que la Justicia disponga. En Uruguay entre los 13 y 18 años si cometés un delito sos responsable de ello.
El hecho que prolongues la privación de libertad, está demostardo, lo que logra es reforzar la identificación con una conducta criminal.
Por eso nosotros planteamos que las medidas que hoy dispone la justicia competente en materia de adolescentes se cumplan efectivamente y en las mejores condiciones.
¿Qué aspectos novedosos puede destacar del proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento?
Planteamos la generación de dos programas. Uno vinculado a medidas curativas, para aquellos casos en que existen patologías psiquiátricas o problemas de consumo abusivo de adicciones, con un trabajo coordinado institucionalmente, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El otro programa es el apoyo al egreso. Si un gurí o gurisa, que cometió un delito es privado de libertad y logramos hacer ese proceso más digno del que es hoy, con una apuesta mayor a lo socioeducativo y luego vuelve a su lugar de origen sin perspectiva real de apoyo, lo más probable es que vuelva a tener problemas.
Esto lo estamos diseñanado, en el marco de la interinstitucionalidad, para el Mides y estamos manejando la posibilidad de plantearlo con una participación efectiva del Ministerio de Trabajo, a los efectos de que uno pueda pensar en una propuesta integral.
También la perspectiva de la inclusión educativa en el sistema formal es una perspectiva que vamos a dar.
¿Cuándo estaría listo este instituto?
Dependemos de la aprobación parlamentaria del proyecto, pero ya estamos trabajando en la ejecución del mismo. También depende de la construcción, pero aspiramos a que sea antes de un año. Mientras tanto planteamos reparación y mejoras.
En lo que tiene que ver con la seguridad externa estamos trabajando con el Ministerio del Interior, en el entendido que son los especialistas en la materia. Con el ministro Eduardo Bonomi hemos arreglado un estudio a fondo de cuáles son las condiciones de los perimetrales y se están encargando de su construcción, reparación y modificación, eso ya se está haciendo.
Tenemos la obligación de cumplir con las medidas que el Poder Judicial dictamina, pero tenemos la obligación de lograr que el funcionamiento interno de los establecimientos sea mejor y den oportunidades que hoy no brindan.
¿En dónde estaría ubicado el establecimiento?
No es en un solo lugar. Vamos a mejorar nuestra infraestructura edilicia sin dudas. La idea es tener un centro, que dentro del mismo perimetral tenga un número mayor de adolescentes de los que hay actualmente, pero van a estar separados entre si, en grupos que no abarquen más de 40 gurises, sino volvés a tener un depósito.
Algunos establecimientos que tenemos vamos a cerrarlos, como algunas partes de la Colonia Berro, algunos de Montevideo como el Centro de Ingreso Transitorio, que lo vamos a reparar a fondo.
En la parte de Conducciones no es previsible saber cuánta gente vas a tener, entonces tenemos que contar con un lugar con un número de plazas que no lleve a la superpoblación.
Apuntamos a mejorar las plazas que hay y tener lugares muy transitorios.
Los internos por medidas curativas y conducciones no van a estar en ese inmueble que proyectamos construir, por ende algunos centros de los que hoy manejamos van a seguir funcionando.
¿Qué pasa con los recursos humanos?
Hay gente que deja la vida en esto. Como en todo, hay quienes trabajan bien, más o menos y mal.
En primer lugar, claramente la mayoría de la gente viene trabajando fuerte en condiciones que no son las ideales. Por eso estamos trabajando para dar condiciones dignas no solo para los adolescentes sino a los que trabajan con ellos.
El otro elemento es la capacitación, estamos llevando adelante mejoras en ese sentido de nuestros recursos humanos y precisamos la incorporación de otros recursos técnicos que hoy no contamos, tenemos debilidad en número y en capacitación.
Se va a ver, en breve, un cambio muy importante en la gestión de lo que tiene que ver con los infractores, no solo en la privación de libertad sino en las medidas alternativas. Nuestra mayor fortaleza tiene que estar puesta en las medidas alternativas, en la mediación y en la reparación del daño. Si alguien comete un delito contra la propiedad, lo que se debe lograr es que sea la víctima sea reparada y el hecho de tener a alguien privado de libertad no le devuelve lo que perdió, por eso queremos poner énfasis en la responsabilidad y la reparación concreta a la víctima. Es un cambio de enfoque fundamental del sistema. Es posible, pero requiere trabajo, un ordenamiento diferente y recursos extras, pero no tenemos dudas de que es el camino que hay que transitar.
Otras víctimas
¿La población del INAU está estigmatizada por nuestra sociedad debido a los menores infractores?
Hay una idea generalizada que estigmatiza no solo a la institución sino a todos los gurises. Esto complica a la hora de la reinserción y en los estudios, porque muchas veces son considerados delincuentes solo por pertenecer al INAU.
Se habla mucho del menor victimario pero no se aborda tanto el tema cuando es víctima. Por ejemplo en los casos de prostitución y trabajo infantil...
Si. Estamos instalando más equipos y dispositivos para trabajar, pero en muchos casos nos desborda esa realidad. En la prostitución infantil, cada vez que hay una denuncia salta el planteo y todos sabían en donde era, donde paraban, conocían a los clientes, etc.
Cuantitativamente, ¿la prostitución infantil es un problema grave en Uruguay?
Si, de dimensiones que aún no tenemos completamente aquilatadas. Días atrás en uno de los juzgados de crimen organizado, que es el que tiene competencia nacional en el tema, se planteaba el desborde, en función de la cantidad de denuncias presentadas por la institución. Es un problema que tiene que ver con situaciones vinculadas a la contención familiar.
Ahora, si hay prostitución infantil es porque hay clientes, pero con los clientes no pasa nada.
¿Cuál es la función que cumplen con respecto a la prostitución infantil?
La tarea fundamental que deberíamos tener es el acompañamiento y apoyo socioeducativo, además de detectada alguna situación, la posibilidad de poder sacar a la persona del ambiente en que se mueve y ubicarla en otro lugar. Objetivamente, los servicios nuestros, en ese sentido, están desbordados. Estamos terminando de establecer un servicio especializado.
¿Qué pasa con el trabajo infantil?
Hay 70 mil niños que ni estudian ni trabajan. Entre ellos muchos trabajan, pero en la más absoluta informalidad, no solo en negro y sin aportes, sino en situaciones de precariedad enormes. Ahí en primer lugar hay que adecuar el sistema educativo a los efectos de incluir estos gurises.
Junto con el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, estamos trabajando en una experiencia en lo que es el tema de los recicladores de basura. El gran descubrimiento es que hay un sistema multimillonario que maneja mucha plata y está totalmente desregulado desde el punto de vista impositivo y laboral.
Una de las primeras cosas que hay que proponerse en esa materia es cómo se regulan todas las líneas de la cadena porque sino uno puede plantearse todos los esfuerzos necesarios para que los chiquilnes no trabajen en esas condiciones, pero laburan con los padres y te dicen: donde querés que lo meta.
El rol de los medios y la estigmatización juvenil
Si bien los medios de comunicación "no crean el problema" de estigmatizar a los menores infractores "sí tienen una gran incidencia", porque "es notorio que el delito y el miedo les sirve para vender y en este tema se preocupan más de vender que de informar".
"El otro día salió una noticia en la televisión. Fueron a buscar a un chiquilín, que está en régimen de semilibertad, porque presuntamente había cometido un homicidio. Este chiquilín trabajaba afuera durante el día. A las 72 horas la Justicia dictaminó que no tenía responsabilidad en el crimen. Conclusión: no tenía responsabilidad y perdió el trabajo. Esta última noticia no tuvo el destaque de la anterior", subrayó Salsamendi.
El presidente del INAU agregó que "desde afuera se cree que el único problema es el de las fugas". En ese sentido, hay un programa que se llama La Escalada, que "trabaja con gurises en situación de calle (no infractores) y les enseñan a escalar, les permite hacer un trabajo socioeducativo excelente. Se iba a hacer una presentación del programa y en una revista matinal televisiva se dijo: ¡esto es el colmo, no solo se les escapan por arriba de los alambrados sino que ahora los entrenan!"
Publicado en Participando, edición abril de 2011.
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