Mi sorpresa fue mayor cuando descubrí que varios medios de comunicación daban cuenta de esa información y de las declaraciones de la mandataria: “Hoy rindo homenaje a estos 47 héroes y envío, como Presidenta, como mujer y como madre mi abrazo de todo corazón a las familias que perdieron a sus hijos en esa miserable invasión comunista y por eso hoy y ante ustedes expreso con orgullo y satisfacción mi sincero desagravio a la memoria de estos héroes bolivianos”.
Previamente la actual jefa de Estado había sentenciado que “la muerte del Che enseñó que la dictadura comunista no tiene paso en Bolivia”. La declaración parece extemporánea, con reminiscencias de la Guerra Fría, más allá de que el comunismo, el chavismo y los vínculos políticos o diplomáticos con Venezuela y/o Cuba forman parte de un eje del mal en el relato de cualquier candidato o actor político conservador de cualquier país de América Latina e incluso de Europa.
Paradójicamente hay que recordar que Áñez no fue electa, sino que es la mandataria de un gobierno de facto, pero de todas maneras es la presidenta de todos los bolivianos, por eso resulta al menos curioso que haga campaña en contra del Movimiento Al Socialismo (MAS) y no a favor de una opción concreta, como pudo haber sido la suya misma cuando fue candidata y decidió renunciar para tratar de evitar el triunfo de Luis Arce, quien lidera las encuestas y es afín al liderazgo del proscripto y exiliado Evo Morales.
La presidenta en funciones llamó a votar por la candidatura que sea más beneficiosa para su país, que sería –según ella– “la que sepamos que va a derrotar a Evo Morales y al MAS”.
El próximo domingo 18 de octubre los bolivianos irán a las urnas. No será una elección más. Será la posibilidad de volver a tener un gobierno elegido por el pueblo, que sustituya a la actual administración que gobierna sin tener el respaldo popular y la legitimidad que dan los votos.
Será potestad de la comunidad internacional y obligación de las autoridades locales el asegurar la transparencia en un proceso en el que la actual mandataria y su círculo político, entre otros, busca poner obstáculos al candidato que lidera todas las encuestas. Por su parte, los ciudadanos bolivianos y fundamentalmente las fuerzas policiales y militares tienen la responsabilidad de mantener el clima de paz durante la jornada cívica.
Las investigaciones de opinión pública prevén dos posibles escenarios: una segunda vuelta entre Arce y el expresidente Carlos Mesa –que debería pactar con todas las fuerzas conservadores para poder ser electo–; o el triunfo del candidato del MAS en primera vuelta –se requiere el 40% de los votos y una diferencia mayor al 10% con el segundo–.
Para el análisis quedará lo que acontezca después del proceso electoral. Aparentemente la grieta, puesta en evidencia en Argentina y tan de moda en América del Sur, parece seguir instalándose también en Bolivia en el futuro inmediato. Hay muchas razones para que ello acontezca, pero tal como sucedió en la última elección presidencial en Uruguay, vuelve a promoverse una propuesta “en contra de” una opción y no “a favor de” un proyecto de construcción nacional.
Los ejemplos de Bolivia y Uruguay, son parte de la muestra de la interesada unión y coalición de las fuerzas conservadoras –con grupos fascistas y promotores del golpes de Estado incluidos– con el único objetivo de alcanzar el poder, obtener privilegios y ponerle fin a lo que fue la ola progresista latinoamericana.
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