A 30 años de la jornada que marcó el nacimiento del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en el actual marco de una pandemia mundial, estamos lejos de poder dar las garantías necesarias, a los periodistas en particular y a la sociedad en general, de cumplir con este mandato.
La prensa independiente, según la Declaración es aquella “sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas”.
Mientras que para que exista prensa pluralista deben suprimirse “los monopolios de toda clase” y promoverse “la existencia del mayor número posible de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que reflejen la más amplia gama posible de opiniones dentro de la comunidad”.
Además, dice el artículo 199 de la Declaración Universal de los DDHH que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En teoría es ideal, pero la situación que se vive en América Latina difiere muchísimo de esto, al punto que la jornada del 3 de mayo pasa a ser la celebración de una declaración de buenas intenciones, que son aplaudidas en igual medida que ignoradas por prácticamente todos los gobiernos regionales, en mayor o menor escala.
La concentración mediática es un problema en la mayoría de los países latinoamericanos, así como también el nimio o nulo apoyo que reciben los medios de comunicación independientes, cuyos responsables son dignos de admiración al hacer lo posible y más para día a día hacer frente a las penurias económicas que repercuten en la calidad del producto que ofrecen.
No todas las voces se escuchan en la sociedad e incluso muchas de ellas son silenciadas a través de presiones de integrantes de instituciones políticas y de los poderes fácticos, pero también de los que interactúan en el espacio virtual amparados en el cobarde anonimato. El clima y la presión que se genera contra los trabajadores de la prensa por momentos es insostenible, constituyendo esta situación un atentando directo contra la democracia, contra la calidad de la información y, muchas veces contra la propia integridad y vida de los periodistas –en 2020 fueron asesinados en el mismo ámbito de su profesión ocho periodistas en México y tres en Honduras, según Reporteros Sin Fronteras–.
Una clasificación sobre libertad de prensa realizada por esta misma organización constata una “situación difícil” en Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. El único país de la región que tiene una “buena situación” es Costa Rica, mientras en un segundo nivel, definido como una “situación más bien buena” aparece Uruguay únicamente.
Pero en este último año, en Uruguay, las llamadas de integrantes del gobierno a los medios de comunicación están a la orden del día. Se constatan casos de trabajadores que han perdido sus fuentes de trabajo por presiones del poder político. Y las presiones no terminan en la prensa local, sino que se llegan a cuestionar hasta informes de la CNN o de La Vanguardia de España que no acompañan el relato de gobierno, y por tal motivo se amenaza y tilda de “traidores a la patria” a los corresponsales que lo realizaron, además de linchar al mensajero en las redes sociales, con el objetivo de hundir en una espiral de silencio a todos aquellos que piensen diferente.
Han pasado treinta años de la Declaración de Windhoek. Las premisas y los problemas de ese entonces se mantienen. Seguramente el próximo 3 de mayo volvamos a leer y escuchar a nuevos y viejos gobernantes saludando periodistas, expresando buenas intenciones sobre la libertad de prensa y haciendo el máximo esfuerzo por implementar el nuevo escenario gatopardista que les permita mantener el poder, cueste lo que cueste.
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